El oficialismo, el Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID) son las tres fuerzas políticas de la Asamblea que respaldan el veto del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Comunicación.
Si bien estas bancadas legislativas garantizan tan solo 52 de los 70 votos que se requieren para allanarse a las objeciones, la pretensión del correísmo de que el Pleno se ratifique en el proyecto original no tiene fuerza, ya que esto requiere de 92 votos.
En el escenario de que en el Pleno no hayan los votos para el allanamiento ni para la ratificación, se abre una tercera vía: que la reforma vaya al Registro Oficial por el ministerio de la Ley, conforme a los cambios sugeridos por Carondelet.
En la bancada de 27 legisladores de Pachakutik hay posturas dividas. Esto se evidenció cuando la Comisión encargada del trámite de esta Ley aprobó el informe, donde se recomienda al Pleno allanarse a las objeciones del Primer Mandatario. Mientras Jéssica Castillo votó a favor, Ángel Maita votó en contra junto con el correísmo.
Para la oficialista Nathalie Arias y para el coordinador de la ID, Marlon Cadena, los ajustes planteados por Carondelet dejan a un lado el texto con que el correísmo y el ala radical de Pachakutik buscaba “coartar la libertad de expresión” en el país.
Resaltaron el hecho de que la Corte Constitucional diera la razón al Ejecutivo al determinar que 13 de los artículos del proyecto, donde se incluían mecanismos de censura, eran inconstitucionales.
“Si no mejora, (el veto) al menos les da ciertas garantías que siempre hemos pensado para que quienes hacen periodismo, comunicación, tengan libertad de expresar sus opiniones, informaciones”, anotó el asambleísta Cadena.
Majorie Chávez (PSC), la ponente del proyecto, dice que hubiera preferido un veto total, a pesar de que apoya el allanamiento.
La asambleísta socialcristiana aseguró que la reforma actual es insuficiente, ya que lo que necesita el país es una nueva ley apegada estrictamente a estándares internacionales de Derechos Humanos.
En la reforma de 2018 desapareció la Superintendencia de Comunicación (Supercom), pero Chávez cree que deja la puerta abierta para continuar con denuncias por injuria en casos de interés público o que involucren a autoridades.
Garantías Con el texto alternativo del Ejecutivo se establece que la libertad de expresión no puede interpretarse como una concesión del Estado, y reconoce como parte de sus manifestaciones a las expresiones artísticas, culturales, religiosas, políticas o de cualquier otra índole. El artículo 1 establece como parte del objeto de la ley la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de los medios de comunicación.
Se mantiene el Consejo de Comunicación, pero sus funciones cambian. El organismo formulará planes, proyectos y programas para la protección a los periodistas y a los trabajadores de la comunicación y evaluará las alertas tempranas de agresiones contra la libertad de expresión generadas por cualquier sistema de monitoreo. También será el encargado de regular las franjas horarias de protección a niñas, niños y adolescentes para
la difusión de contenidos de televisión, radio y prensa.
Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación social de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, violencia contra los animales, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso y de cualquier otra naturaleza. Para la Comisión, esta prohibición cumple con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
La Ley obliga al Estado y a los medios de comunicación a proteger a los trabajadores de la comunicación que por sus actividades profesionales sus vidas corran riesgo. Para esto, el Consejo de Comunicación elaborará y coordinará con las instituciones respectivas, políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas. La objeción amplía la definición de actividades de riesgo, y establece que se deberá crear un mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico.
Redacción: El Comercio
