Diana Salazar, la fiscal de Ecuador, ha decidido tomar sus vacaciones correspondientes por ley, independientemente de su estado de embarazo.
Esto subraya el derecho que tienen los funcionarios públicos a disfrutar de sus días de descanso establecidos por la legislación laboral, sin que se considere una medida vinculada a su condición personal.
Esta decisión también puede reflejar su compromiso con la institucionalidad y el respeto por los derechos laborales, mostrando que el tiempo de vacaciones es un derecho universal.
“Esto no significa que vaya a pedir una licencia, como erróneamente se señala”, se indicó en un mensaje con el cual se desmintió la publicación de un medio de comunicación digital.
Salazar está embarazada y presenta una condición de alto riesgo, según certificados médicos que presentó en la Asamblea Nacional cuando pidió que se aplazara la sustanciación del juicio político en su contra impulsado por la legisladora Gissela Garzón, de las filas del correísmo.
