La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este sábado 21 de enero de 2023 su «preocupación» por la incursión policial, el desalojo y las detenciones masivas en la Universidad de San Marcos en Lima y señaló que se deben rendir cuentas sobre lo sucedido.

El organismo «exhorta con urgencia al Estado a rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas», señaló en Twitter.
Su mensaje agregó que los casos de desalojos forzosos son «incompatibles» con los principios del derecho internacional y que, de realizarse, «deben adoptarse medidas necesarias para minimizar su impacto en la población afectada».

«Los Estados deben abstenerse de incurrir en detenciones masivas, colectivas e indiscriminadas en contextos de protesta social», añadió la CIDH.

La intervención policial de este sábado 21 de enero en el campus de la Universidad Nacional Mayor San Marcos (Unmsm) en Lima para desalojar a manifestantes que estaban acampados en el centro de estudios resultó en 200 detenciones.

El fiscal superior provisional y coordinador Nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito, Alfonso Barnechea, señaló este sábado que el Ministerio Público había recibido denuncias por parte de esa universidad sobre agresiones y robos a las fuerzas del orden perpetrados por manifestantes que acampaban en el campus.
En ese campus cientos de manifestantes llegados de todo el país acampaban desde el miércoles 18 de enero para participar en las marchas antigubernamentales en la capital.

La crisis en Perú arrancó el pasado 7 de diciembre de 2022 tras el fallido autogolpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, quien fue arrestado tras intentar disolver el Congreso, formar un Gobierno de excepción y abrir un proceso constituyente.
Las protestas contra el nuevo Ejecutivo de Dina Boluarte han dejado desde diciembre pasado 45 manifestantes y un policía muertos, mientras que otras 14 personas, entre ellas un bebé nonato y cuatro haitianos, han fallecido por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras.

 

 

 

FUENTE: EL COMERCIO