El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha abogado este lunes por incluir el sector público en el pacto de rentas, lo que implicaría, por ejemplo, revalorizar con la inflación las pensiones mínimas pero no el resto.
Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación de los Presupuestos de 2023, Hernández de Cos ha subrayado que la inflación supone «una pérdida de bienestar sí o sí» y, por ello, «lo único que podemos hacer es repartir el coste».
Este reparto se materializaría en el pacto de rentas, que podría adoptarse solo en el sector privado, pero ha defendido que «sería un mensaje mucho más potente de desindexación de la economía en un contexto de inflación muy elevada que también cubriera el sector público», incluidas las pensiones.
La desindexación (no actualización automática con la inflación) «se puede hacer compatible» con proteger a los más vulnerables, es decir, «que las pensiones mínimas se indicen (al IPC) pero quizá no el resto», ha defendido Hernández de Cos.
En cualquier caso, esta es «una discusión distinta a si de manera estructural deben indiciarse o no con la inflación», ha aclarado, y ha recordado que si aumenta el gasto en pensiones serán necesarias «medidas compensatorias» del lado de los ingresos o del gasto.
En su intervención, el gobernador ha detallado que cada punto porcentual de revalorización de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC) supondrá un gasto adicional de unos 1.800 millones, con lo que la subida del 8,5 % aproximado que ha estimado el Gobierno en los presupuestos de 2023 costaría 15.000 millones.
El Gobierno ha insistido en que subirá las pensiones con la inflación porque así lo acordó el Pacto de Toledo.
El Banco de España calcula que la revalorización de las pensiones y la subida de los salarios públicos prevista para 2023 elevará el gasto público en unos 21.300 millones de euros, de los que 15.000 millones serán para las pensiones y otros 6.300 millones para la remuneración de los asalariados públicos.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha detallado que cada punto porcentual de revalorización de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC) supondrá un gasto adicional de unos 1.800 millones, con lo que la subida del 8,5 % aproximado que ha estimado el Gobierno en los presupuestos de 2023 costaría 15.000 millones.
La subida definitiva de las pensiones se conocerá cuando se publique el dato de inflación de noviembre, dado que la reforma de las pensiones de 2021 contempla que la revalorización anual se haga con la media de las tasas interanuales de IPC de los doce meses anteriores hasta noviembre.
Respecto a los sueldos públicos, el Banco de España estima que cada punto porcentual de subida de la remuneración elevará los gastos de personal en 1.400 millones, de forma que la subida de hasta el 3,5 % prevista para 2023 (2,5 % fijo más un 1 % variable) costaría 6.300 millones aproximadamente.
Pensiones y sueldos públicos son las dos principales partidas presupuestarias afectadas por el aumento de la inflación, que el Banco de España calcula que llegará al 8,7 % de media este año, para moderarse al 5,6 % en 2023 y al 1,9 % en 2024.
El gasto en intereses de la deuda pública también sería sensible al aumento de la inflación, dado que a finales de 2021 los bonos indiciados a la inflación representaban aproximadamente un 5 % del saldo vivo de valores de deuda emitidos por las Administraciones Púbicas, lo que supondría un incremento de los gastos por intereses a lo largo de 2022 de unos 4.000 millones.
Pablo Hernández de Cos, ha señalado que su previsión de incremento de recaudación tributaria para 2023 es mayor que la que recoge el proyecto de Presupuestos para el próximo año (7,6 %).
Sin embargo, la estimación de aumento de ingresos por cotizaciones sociales de los presupuestos, del 7,4 %, es superior a la del Banco de España (6 %), ha aclarado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso con motivo de la tramitación de los Presupuestos de 2023.
En cualquier caso, ha subrayado, «la estimación de ingresos públicos incluida en los presupuestos para el año 2023 parece factible», aunque ha advertido de que este incremento no debe tomarse como permanente.
En ese sentido, ha señalado que el aumento previsto de los ingresos se deriva de la ampliación de las bases imponibles, ya que en 2023 las nuevas medidas fiscales compensarán la pérdida de recaudación de algunas, como la deducción por rentas del trabajo, con los aumentos en otras, como la subida para bases de cotización máximas.
Por el lado del gasto, De Cos ha advertido de que el incremento previsto tanto del número de pensiones como de la pensión media es inferior a la media de los últimos años.
Asimismo, el gasto estimado para desempleo en Presupuestos concuerda con una contracción del paro inferior a la que prevé el Banco de España y el aumento del gasto en intereses es inferior en presupuestos que para el Banco (11,4 % frente al 19,7 %, respectivamente).
Aún así, el Banco de España ve «factible» cumplir con la previsión de cerrar 2023 con un déficit público del 3,9 % del PIB, en parte porque ve «probable» que termine 2022 por debajo del 5 % del PIB estimado.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha insistido en su intervención en que «sería deseable la firma de un pacto de rentas» que evite la indiciación automática de salarios a la inflación, algo que también extiende al ámbito del gasto público, en un escenario «muy constreñido por el abultado endeudamiento público».
La inflación, ha señalado, conlleva a corto plazo una reducción del ratio de déficit y deuda -para el nivel de deuda español, un aumento del deflactor del PIB del 5 % resta 5,6 puntos porcentuales a la ratio de deuda-, pero a medio plazo supone un aumento del gasto vía revalorización de pensiones.
Hay que evitar «un impulso fiscal generalizado» que refuerce las presiones inflacionistas, por lo que, dado el aumento del gasto público derivado de los fondos europeos, cree que «el resto de la política fiscal en nuestro país debería mantener un tono neutral o incluso ligeramente restrictivo».
Este apoyo de la política fiscal debería concentrarse en los hogares de rentas más bajas «que son los que más padecen el incremento de la inflación», al tiempo que ha destacado la necesidad de contar con un plan de consolidación fiscal plurianual.
El gobernador ha insistido en que España necesita una revisión integral del sistema tributario», que podría pasar, de acuerdo con el Libro Blanco, por un menor recurso a los tipos reducidos de IVA y un aumento de la tributación medioambiental, así como por una mayor armonización internacional.
Redacción: Agencia EFE
