Madrid (EFE).- El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha planteado hoy a los sindicatos del ámbito público subir los salarios un 1,5 % adicional en 2022 -lo que se sumaría al 2 % aplicado a principios de año-, un 2,5 % en 2023 y un 2 % en 2024, según han comunicado CSIF, CCOO y UGT.
La propuesta incluiría la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y mejoras para la promoción interna, la movilidad y el acceso.
Se han comprometido también avances para el personal laboral del exterior, que no se han concretado; así como el desarrollo de la ley de función pública, el teletrabajo y la captación de talento.
La subida adicional planteada para 2022, del 1,5 %, tendría carácter retroactivo desde enero y se abonaría en una paga adicional antes de que acabe el año, según explican desde UGT.
El Ministerio de Hacienda y los sindicatos volverán a sentarse mañana, jueves, para seguir negociando con el objetivo de cerrar un acuerdo salarial para este y los dos próximos años.
En declaraciones a los medios, el secretario general de la federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, ha apreciado la propuesta de subida salarial adicional para 2022, algo «inédito» en la administración española que muestra «buena intención» por parte del Gobierno.
No obstante, ese gesto «se diluye» con la subida «insuficiente» planteada para 2023.
Por ello, ha confiado en que en la reunión de mañana el Gobierno eleve su propuesta, hasta situarla en el 3,5 %.
El coordinador del Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, ha considerado la reunión «positiva pero con reservas» y ha reclamado que la subida salarial alcance el 10 % para los tres años de vigencia (2022, 2023 y 2024), ya que con la propuesta de hoy la subida total sería del 8 %.
Ha recordado que la inflación subyacente terminará el año en torno al 8 % y para 2023 podría rondar el 6 %, por lo que ha reclamado al Gobierno que «haga un esfuerzo adicional» para compensar la pérdida de poder de compra que están padeciendo estos más de tres millones de trabajadores públicos.
Muñoz ha considerado, no obstante, que «no es lo mismo disputar el salario frente a empresas que frente a la Administración, porque nuestra contraparte es el propio Estado», por lo que «modera un poco las peticiones salariales y las liga a la consecución de importantes avances en derechos».
«Falta por ver cómo se distribuye la subida en los distintos años y si hay cláusula de garantía salarial», ha dicho, al tiempo que ha reclamado la incorporación al acuerdo de la jornada laboral de 35 horas, terminar con tasas de reposición o mejoras en transformación digital y teletrabajo.
Desde CSIF, su secretario de Acción Sindical, Francisco Lama, ha considerado también «insuficiente» la propuesta del Gobierno porque no devuelve el poder adquisitivo perdido ni elimina las desigualdades retributivas entre comunidades autónomas, concretamente, entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o los funcionarios de prisiones.
Movilidad, promoción interna o carrera profesional son otros temas puestos encima de la mesa por CSIF, junto a la actualización retributiva del personal en el exterior, la actualización de las pensiones de clases pasivas, la prejubilación de funcionarios por penosidad y la aplicación de los cambios en jubilación anticipada. EFE
