Mayra Salazar, una de las 52 personas procesadas en el caso Metástasis, habría sido trasladada a la cárcel de Cotopaxi. Este caso involucra una serie de delitos relacionados con corrupción y lavado de activos. El traslado a una prisión de mayor seguridad indica la gravedad de las acusaciones y la complejidad de la investigación. Se espera que este movimiento tenga implicaciones significativas en el desarrollo del proceso judicial en el que está involucrada.
Salazar habría dejado la Casa de Confianza, ubicada en la parroquia Chillogallo, en el sur del Distrito Metropolitano de Quito, en la que permanecía desde que fue detenida a fines del 2023. Su traslado se habría realizado en un vehículo militar.
En la cárcel de Chillogallo, Salazar estuvo en una de las celdas que ocupan las mujeres privadas de su libertad que están embarazadas o tienen hijos con ellas, por lo que cuentan con un horno microondas.
Antes de su arresto, Salazar ocupaba un cargo importante que le permitió estar en contacto con fondos estatales. Su traslado a la cárcel de Cotopaxi se considera una medida para asegurar que el proceso judicial avance adecuadamente, dado el nivel de la acusación y la necesidad de garantizar la seguridad durante la investigación. La situación de Salazar es un reflejo de la lucha contra la corrupción en el país.
